Los tramites digitales demoran 74% menos que los presenciales, cuestan mucho menos, y reducen la incidencia de corrupción, sin embargo, en América Latina y el Caribe todavía hay poca inversión para ello. ¿El resultado? Los ciudadanos, las empresas y la administración pública pierden tiempo, dinero y productividad, sostiene el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el informe "Fin del Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital".
"La complejidad de la burocracia en la región se traduce en el hecho de que hacer un trámite toma un promedio de 5,4 horas", indicó el BID. En Uruguay lleva 3,7 horas y es el cuarto más bajo (detrás de Chile, Costa Rica y El Salvador).
"La complejidad de un trámite no se mide solo a partir del número de horas necesarias para completarlo, sino que además factores como la cantidad de viajes a las oficinas gestoras, los requisitos múltiples, la necesidad de dejar papeles en persona y la falta de claridad con respecto a la información contribuyen a que los ciudadanos tengan que ir a la oficina pública (o a varias oficinas públicas) más de una vez para obtener lo que buscan", afirmó el organismo. En la región, en promedio, un 25% de los trámites requiere tres interacciones o más para su resolución y en Uruguay el 18% (es el tercero con menor porcentaje detrás de El Salvador y Chile).
Además, según el BID la multiplicidad de trámites favorece la corrupción. "Los procedimientos manuales, las interacciones presenciales y la falta de estandarización de procesos hacen que los trámites sean vulnerables a comportamientos deshonestos", expresó.
"Actualmente, en América Latina y el Caribe el 89% de los trámites se hace de forma presencial" lo que obliga a "destinar miles de funcionarios para trabajar en ventanillas de atención al público, revisar aplicaciones y compilar archivos. El gasto derivado de la prestación presencial supone una carga fiscal considerable para las arcas del Estado", indicó el BID.
"Los trámites digitales pueden solucionar muchos de los problemas de las burocracias modernas: son más rápidos (un 74% en promedio), más baratos de prestar (cuestan entre el 1,5% y el 5% de lo que cuestan los trámites presenciales) y menos vulnerables a la corrupción", explicó el reporte.
"Solo Brasil, México y Uruguay ofrecen más del 50% de los trámites gestionados por el gobierno central para empezar en línea", agregó.
Así, en "busca de enseñanzas para superar estos desafíos, en el marco de este informe se han analizado cuatro países: Estonia, Chile, México y Uruguay" que "han desarrollado estrategias, capacidades y modelos de gobernanza para lograr resultados en materia de simplificación y digitalización de trámites" y de allí surgen "lecciones aprendidas" para el resto de los países, señaló.
La primera lección según el BID es "promover un cambio de paradigma que oriente el Estado hacia el ciudadano". Para "romper con el estereotipo del Estado conducido por sus necesidades burocráticas, los cuatro países estudiados emprendieron una serie de acciones para orientar el gobierno hacia el ciudadano. Definieron una estrategia de simplificación y digitalización transversal para todas las entidades del gobierno central, marcando un objetivo común para todas ellas. Crearon y promovieron el uso de herramientas compartidas, fomentando la cooperación interinstitucional. En paralelo, instauraron ventanillas únicas (presenciales o virtuales) para el ciudadano".
La segunda lección es "empoderar a una entidad rectora con las competencias y los recursos suficientes para impulsar cambios en todo el gobierno" ya que "los trámites están distribuidos a lo largo de las distintas instituciones de gobierno, y mejorarlos suele requerir recursos tecnológicos, humanos y financieros con los cuales las entidades encargadas de los trámites no cuentan". En "todos los casos estudiados dicha entidad existe, y tiene las competencias y recursos suficientes para impulsar cambios transversales en todo el gobierno central, manejar la complejidad técnica, y promover la coordinación interinstitucional".
La última lección es "establecer un modelo de gobernanza que facilite la implementación efectiva" para lo que "es vital apoyar a la institución rectora y fomentar la implementación de las reformas".